Antes que los pagos a Cuba de las agencias que ofrecen vuelos a la Isla, los fondos de las compañías telefónicas norteamericanas fueron objeto de una reclamación legal, en otro caso en que se busca confiscar dinero para satisfacer un fallo judicial a favor de familiares que han ganado demandas al gobierno cubano.

Redacción CE, Madrid | 04/03/2010

La estrategia del abogado de Ana Margarita Martínez, que busca obtener una compensación económica mediante la confiscación del dinero que las compañías que fletan los aviones pagan en la isla, por concepto de tarifas, no es reciente ni original. En julio de 2009, medio siglo después de que Boby Fuller fuera ejecutado por un pelotón de fusilamiento castrista, sus hermanos trataron de obtener fondos cubanos como compensación por su pérdida.

Bobby Fuller fue ejecutado tras ser sentenciado a muerte por un tribunal militar, que lo condenó tras la acusación de estar vinculado con la expedición militar de Bahía de Cochinos, en 1960.

Los Fuller iniciaron un proceso para que gravaran los cientos de millones de dólares que empresas como AT&T y Sprint comparten con el monopolio telefónico cubano. El dinero lo generan llamadas entre la isla y Estados Unidos, ingresos exentos del embargo comercial a Cuba.

Los familiares de Fuller no eran los únicos interesados en el proceso. Entre ellos y otras cuatro familias de Miami-Dade había más de $1.000 millones en fallos civiles contra el gobierno cubano. La demanda abría la posibilidad de una posible nueva fuente dónde cobrar sus reclamaciones.

"Lo que está en juego es enorme'', dijo entonces Andrew Hall, abogado miamense que acaba de ganar un juicio de $13 millones contra Sudán para las familias de 17 marineros estadounidenses muertos en ataques terroristas en el barco USS Cole, de acuerdo a una información publicada en The Miami Herald. Hall no estaba relacionado con el caso de Fuller.

En 2002, el Congreso aprobó la Ley de Seguro Contra Riesgo Terrorista, que ha ayudado a algunas víctimas a cobrar daños contra estados designados terroristas, como Cuba, Irán y Corea del Norte.

Esa ley permite que los demandantes soliciten compensación de ciertos activos que esos países tienen en Estados Unidos.

De acuerdo a lo planteado en el periódico de Miami, la estrategia de la familia Fuller también podría exponer detalles muy bien guardados, de cómo las compañías estadounidenses con licencia para hacer negocios con Cuba usan a terceros para pagar al gobierno de Castro, secretos que éstas no quieren que se divulguen.

Por supuesto que la respuesta de las compañías no se hizo esperar. Se lanzaron a la ofensiva, alegando que sus pagos no se pueden confiscar para satisfacer los veredictos porque el dinero no se podía vincular directamente al gobierno cubano.

Las cifras involucradas tampoco eran despreciables. Por ejemplo, en los primeros seis meses de 2008 ocho empresas telefónicas, como AT&T, Sprint y Verizon, le pagaron unos $122.5 millones a Cuba o a otras compañías que operan servicio de larga distancia a Cuba, según el Departamento del Tesoro.

La estrategia jurídica de la familia Fuller se fundamentaba en el hecho de que los activos cubanos congelados en bancos de Estados Unidos desde 1963 se habían ido agotando con las indemnizaciones decretadas por fallos anteriores contra el gobierno de Castro.

Por ejemplo, media docena de familias, entre ellas parientes de tres pilotos de Hermanos al Rescate que murieron cuando las avionetas en que viajaban fueron derribadas por dos aviones MiGs cubanos en 1996, habían agotado las cuentas cubanas en JP Morgan Chase en Nueva York, que en un momento llegaron a tener $170 millones.

Precisamente Roberto Martínez, abogado de Coral Gables que encabezó el equipo que ganó el caso de Hermanos al Rescate, estaba nombrado por la familia Fuller en el intento de tener acceso a otra fuente de activos cubanos en Estados Unidos.

Martínez ya había conseguido que AT&T pagara $1 millón a los cuatro hermanos vivos de Fuller y a la familia de su difunta hija, dinero que AT&T debía desde hacía años a la compañía original cubana EMTELCUBA, que ya no existe.

Ese pago representa una fracción del fallo de $100 millones contra Cuba, adjudicado en diciembre de 2006.

Martínez también persuadió a un juez federal que ordenara que nueve telefónicas estadounidenses con licencia para hacer negocios con Cuba, entre ellas AT&T, Verizon y Sprint, explicaran cómo pagan a Cuba el dinero que le corresponde por las llamadas de larga distancia, de acuerdo a la información de The Miami Herald.

Legalmente, los pagos de esas compañías a Cuba pueden ser confiscados sólo si se transfieren a alguna entidad del gobierno cubano, especificaba la información.

Martínez afirmaba que ETECSA encaja en esa definición, alegando que es "el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba'', según un documento presentado al tribunal.

ETECSA es propiedad de compañías controladas por el gobierno cubano, pero varias telefónicas extranjeras también tienen participaciones minoritarias.

En una apelación en el caso de Hermanos al Rescate hace una década, un tribunal federal de apelaciones falló que debido a esas participaciones, ETECSA no era un alter ego del gobierno cubano, aunque la compañía se representó como "instrumento'' durante el caso.

Por los mismos días, el abogado Martínez presentó otra demanda, en la que solicitaba que dos famosas marcas cubanas ―el ron Havana Club y los tabacos Cohíba― fueran vendidas al mejor postor, y el dinero entregado a los Fuller. Otras doce marcas cubanas se agregaron a la petición.

En este caso, la demanda se vio envuelta en una controversia y problemas legales aún mayores. En primer lugar porque el valor de las marcas cubanas registradas en Estados Unidos era muy difícil de determinar.

Los productos cubanos no pueden ser vendidos en Estados Unidos debido al embargo impuesto por Washington a la isla. El valor de cualquier marca cubana, por lo tanto, sería determinado sólo en un mercado posterior a la abolición del embargo. También estaba el hecho de que una ley estadounidense de 1998 impide a los propietarios cubanos renegociar sus marcar en Estados Unidos, si éstas fueron confiscadas junto con las compañías nacionalizadas por el gobierno de la isla.

Por ejemplo, Bacardí alega que la marca Havana Club es de su propiedad.

Todo ello hace que hasta el momento los intentos de cobrar indemnizaciones, a partir de las reducidas empresas que hacen negocios con Cuba hayan resultado un laberinto difícil de penetrar y sin resultados visibles a corto plazo, pero una buena fuente de publicidad para abogados y clientes.